En Ferrol se repite una constante: las decisiones de las administraciones públicas y de los entes dependientes del Estado priorizan los intereses económicos y logísticos antes que la salud y el bienestar de los ciudadanos. El caso más evidente lo encontramos en el puerto interior de Ferrol, donde, tras el fin de la descarga de carbón, se ha dado paso a la manipulación y descarga de chatarra, un material que, lejos de ser inocuo, genera polvo metálico, riesgo ambiental y un impacto directo en los barrios más próximos al muelle.
Los vecinos lo saben bien: polvo, ruido, vibraciones y un entorno cada vez más degradado. Sin embargo, la Autoridad Portuaria de Ferrol–San Cibrao parece mirar hacia otro lado, limitándose a cumplir con lo mínimo y sin implementar medidas de protección ambiental y sanitaria realmente efectivas.
La situación resulta aún más grave si se observa en paralelo con el Estudio de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) del Concello de Ferrol. En ese documento, presentado como el futuro gran escudo de la ciudad contra la contaminación, se omite incluir referencias y normativa de obligado cumplimiento, como la relativa al control de actividades contaminantes en el puerto.
Es decir, mientras a los ciudadanos se les prepara para soportar nuevas restricciones de movilidad, cámaras de vigilancia y posibles sanciones bajo el paraguas de la lucha contra la polución, el principal foco de partículas en suspensión y metales pesados se mantiene fuera del debate político y de la planificación normativa.
En derecho administrativo, la omisión de normativa aplicable no es un simple despiste: es un vicio de legalidad que puede afectar a la validez del propio plan. Más aún cuando hablamos de normativa medioambiental de carácter europeo (Directiva 2008/50/CE sobre calidad del aire) y estatal (Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera).
La paradoja es insultante: los ciudadanos de Ferrol deberán pagar de su bolsillo los efectos de una ZBE incompleta y desequilibrada, mientras el puerto interior continúa con su actividad contaminante, blindado por una inercia institucional que lo sitúa fuera de cualquier control democrático real.
La conclusión es clara: el puerto interior sigue siendo un agujero negro en materia de salud pública y sostenibilidad urbana. Y el silencio del Concello en su estudio de bajas emisiones no es casualidad, sino una muestra más de que los intereses de unos pocos pesan más que el derecho de todos a respirar un aire limpio.
