El alcalde de Nueva York presenta la apertura de 170.000 páginas de archivos como una reivindicación de transparencia, pero la documentación de 2001 demuestra que el amianto y los riesgos de contaminación ya eran conocidos mientras los equipos de emergencia seguían trabajando en una catástrofe que nadie podía dimensionar
Hay algo profundamente legítimo en abrir los archivos del 11 de septiembre de 2001.
Los familiares de las víctimas, los supervivientes y los miles de trabajadores que enfermaron tienen derecho a conocer toda la información que pueda ayudar a explicar qué ocurrió después del atentado.
Pero una cosa es abrir archivos y otra muy diferente es utilizar esa documentación veinticinco años después para construir un relato político destinado a desacreditar a quienes gobernaban entonces.
Eso es lo que empieza a ocurrir en Nueva York.
El alcalde Zohran Mamdani ha anunciado la publicación de más de 170.000 páginas de documentos municipales sobre el aire, los riesgos sanitarios y la respuesta de la ciudad después del 11-S. El propio alcalde asegura que esos documentos permitirán saber qué conocía el Gobierno municipal, cuándo lo conocía y qué decisiones adoptó.
Hasta ahí, ninguna objeción.
El problema aparece cuando se intenta vender la publicación como si ahora se estuviera descubriendo que en Ground Zero había sustancias peligrosas que las autoridades desconocían o que deliberadamente ocultaron desde el primer momento.
Eso no se corresponde con lo que ocurrió en septiembre de 2001.
El amianto no era ningún secreto
Desde los primeros días después del atentado la EPA estaba tomando muestras de aire y polvo.
El amianto estaba entre los contaminantes analizados.
La prensa estadounidense hablaba de ello.
Los organismos responsables de la emergencia conocían el problema.
Y se estaban adoptando medidas para reducir la exposición al polvo y a los contaminantes.
Por tanto, presentar en 2026 el amianto como un peligro que acaba de ser descubierto gracias a los archivos de Mamdani sería sencillamente falso.
Lo que ocurrió fue bastante más complicado.
Nadie sabía entonces lo que sabemos hoy
El derrumbe de las Torres Gemelas produjo una cantidad extraordinaria de polvo y residuos y mezcló materiales de construcción, humo, productos químicos y partículas procedentes de los edificios destruidos.
Era una catástrofe que superaba cualquier escenario razonablemente previsible.
Los bomberos no acudieron allí pensando que estaban entrando en una operación rutinaria.
Acudieron para rescatar personas y apagar incendios en uno de los mayores desastres de la historia estadounidense.
Y aquí conviene no cometer otro anacronismo: juzgar cada decisión tomada el 11, el 12 o el 13 de septiembre con los conocimientos científicos acumulados durante los siguientes veinticinco años.
Eso sería demasiado fácil.
¿Hubo errores? Sí. ¿Se puede hablar de una mentira total? No.
La parte realmente criticable de la respuesta institucional fue la comunicación del riesgo.
La EPA difundió mensajes excesivamente tranquilizadores sobre la seguridad del aire. Posteriormente, su propio Inspector General concluyó que determinadas afirmaciones no estaban suficientemente respaldadas por los datos disponibles.
Eso es grave.
Pero tampoco significa que las autoridades no supieran que existía amianto.
Lo sabían.
Lo estaban buscando.
Lo estaban midiendo.
Y estaban intentando controlar la exposición.
La cuestión seria es otra: ¿se comunicó al público toda la incertidumbre existente? ¿Se transmitió una sensación de seguridad superior a la que permitían los datos?
Eso sí merece ser investigado.
Y aquí aparece Mamdani
El alcalde presenta ahora la publicación de estos archivos como el final de años de ocultación y como una demostración de que las administraciones anteriores mantuvieron a los ciudadanos alejados de información esencial. El propio comunicado de City Hall utiliza expresiones como que los neoyorquinos tuvieron que luchar durante años por acceder a documentos que deberían haber estado disponibles.
Es perfectamente legítimo que Mamdani defienda esa posición.
Pero también es legítimo preguntarse cuánto hay de transparencia y cuánto de política.
Porque Mamdani no es un funcionario técnico que haya aparecido de repente para ordenar una auditoría.
Es un dirigente de una nueva izquierda estadounidense que ha convertido su llegada a la alcaldía de Nueva York en un proyecto político de alcance nacional.
Su actividad de 2026 no se ha limitado a gobernar la ciudad. Ha intervenido activamente en elecciones internas del Partido Demócrata, ha respaldado candidatos y ha tratado de convertir Nueva York en el escaparate de una transformación política mucho más amplia. Reuters describió sus victorias electorales como un paso importante en su esfuerzo por llevar al Partido Demócrata hacia una dirección más socialista.
Por eso resulta inevitable preguntarse si la utilización política del 11-S forma parte también de ese intento de deslegitimar el pasado para construir un nuevo relato político sobre Estados Unidos.
Una tragedia no debería convertirse en un arma electoral
Nadie debería oponerse a que se conozca toda la verdad.
Al contrario.
Que salgan los documentos.
Que se publiquen.
Que investigadores independientes los estudien.
Que familiares y supervivientes puedan examinarlos.
Y que, si aparecen pruebas de que determinados funcionarios ocultaron deliberadamente información, se diga claramente quién lo hizo y por qué.
Pero también debe exigirse algo a quienes manejan esos archivos:
honestidad histórica.
No se puede convertir el hecho de que existiera amianto en los escombros en una revelación de 2026.
No se puede presentar como una conspiración lo que en buena parte fue una respuesta de emergencia a una catástrofe inédita.
Y no se puede borrar del relato que, en aquellos mismos días, las autoridades estaban tomando muestras, analizando contaminantes y tratando de reducir la exposición.
Lo verdaderamente relevante de los nuevos documentos será averiguar qué información adicional existía en los despachos, cuándo fue conocida, qué se decidió hacer con ella y por qué algunas comunicaciones públicas resultaron mucho más tranquilizadoras que los datos internos.
Eso sí puede cambiar nuestra comprensión del 11-S.
Pero si la publicación de los archivos termina reducida a un acto político para señalar a las administraciones anteriores, entonces se habrá conseguido algo mucho más sencillo:
utilizar una de las mayores tragedias de la historia estadounidense para ganar una batalla política veinticinco años después.
Y eso sería una pena.
Porque las víctimas del 11-S no necesitan propaganda.
Necesitan la verdad.
